Es cierto que hasta ahora las sanciones por no presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil han sido poco efectivas. Son muchas las sociedades que no se han tomado muy en serio esta  exigencia de la Ley de Sociedades de Capital, pero parece que esto puede comenzar a cambiar.

Muchas empresas, sabiendo que el régimen sancionador era más que ineficaz, han decidido ahorrarse este trámite sin ser muy conscientes de sus consecuencias. Se habla de una estimación de más de dos millones de empresas las que no cumplen y poco más de 150 las expedientadas.

El Real Decreto 2/2021 de 12 de enero ha venido a cambiar esta situación. Su disposición adicional undécima establece el nuevo régimen sancionador por no presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil, con efectos desde el 31.01.2021.

En cuanto al  depósito, la ley deja claro que esto no es una elección de la sociedad sino una obligación. En el capítulo VI del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), en el artículo 279 dice:

“Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales (esto es, normalmente en el mes de julio) los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito  en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas y de aplicación del resultado…….

Se pretende dar publicidad a las cuentas. Cualquier sociedad o persona puede consultarlas y obtener la información en el Registro Mercantil de todos los documentos depositados.

Añadimos a esta obligación la necesidad de hacerlo simplemente para no empobrecer la imagen de la empresa. Al tratar con terceros (clientes, proveedores, bancos) es posible que el hecho de no haber depositado en tiempo y forma las cuentas genere desconfianza y tenga consecuencias como pérdidas de contratos o dificultad a la hora de conseguir financiación.

De una manera resumida, las sanciones las podemos establecer así:

• Cierre provisional de la hoja registral. La primera consecuencia no es realmente una sanción pero puede acarrear inconvenientes. Nos referimos al cierre provisional de la hoja registral que impide registrar nuevos actos en el Registro regulado en el artículo 282 del TRLSC. Se exceptúan los referidos al cese o dimisión de administradores,, gerentes , directores general o liquidadores así como a la disolución de la sociedad
• Régimen sancionador. Sin duda, lo que más preocupa es el régimen sancionador que desarrolla el artículo 283. El incumplimiento dará lugar a la imposición a la sociedad de una multa por importe de 1.200 a 60.000 euros por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (I.C.A.C.). Pero además si la sociedad o grupo de sociedades tiene un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros. El abanico de 1.200 a 60.000 es muy grande y va a depender la sanción de la dimensión de la empresa en función del importe total de las partidas de activo y de su cifra de ventas.

Como comentamos en la práctica ha sido poco habitual el sancionar a las empresas por la falta de presentación de las Cuentas Anuales. En el año 2021 se ha pretendido dar una vuelta a esta situación. Las medidas que ha tomado la Administración para obligar de una manera más efectiva al cumplimiento de la obligación  abarcan varios campos.

• En primer lugar el incremento de recursos. Este incremento se estima como una inversión ya que se espera que las sanciones puedan duplicar a las actuales.
• En segundo lugar se ha reforzado con una nueva regulación al ICAC para desempeñar su tarea.
• En tercer lugar, se introduce la participación de la Agencia Tributaria y el Colegio de Registradores Mercantiles para supervisar los posibles incumplimientos e incoar expedientes sancionadores. Se estima que el Colegio puede recibir el 50% de la recaudación sancionadora.

Por un lado la publicación del  Real Decreto establece un nuevo marco de colaboración entre el ICAC y la Dirección General de Seguridad Jurídica  y Fe Pública. En este se encomienda la gestión y propuesta de expedientes sancionadores a los registradores mercantiles.

Por otro, este Real Decreto en su disposición undécima establece los criterios para determinar el importe de la sanción atendiendo a los límites ya establecidos en el artículo 283 del TRLSC:

“La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.

Si no aporta la declaración tributaria señalada, la sanción se establecerá en el 2% del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.

Si se aporta la declaración tributaria y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fueran mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10%.”

El mensaje que se está dando a las empresas es claro: “si no depositas tus cuentas serás sancionado”

Esto va a ser especialmente importante para las sociedades inactivas. Hasta ahora, este tipo de sociedades dejaban de cumplir sus obligaciones con el Registro. Bien por desconocimiento, bien a sabiendas de la escasa capacidad sancionadora, este tipo de sociedades son las que más incumplimientos acumulaban.

A partir de ahora la sociedad inactiva deberá cumplir con su obligación, como el resto o bien pensar en su posible disolución.

• Las deducciones del 20% y 40% se prolongan al 31 de diciembre de 2023.
• A las deducciones del 60% se podrá acceder hasta finales del año 2024.
• La ventaja fiscal se aplica sobre la cantidad invertida en obras de rehabilitación.

El Gobierno ha extendido un año el periodo de vigencia de las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las que dio luz verde el año pasado para quienes acometan obras de rehabilitación en vivienda habitual y edificios residenciales que mejoren la eficiencia energética del inmueble.

La medida se incluye en el real decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros con nuevas medidas para reducir el impacto de la subida de los precios de la energía en los consumidores y con el que espera cubrir al 40% de los hogares españoles.

Las deducciones se aplican sobre las cantidades invertidas en las obras de rehabilitación y aumentan en función del nivel de mejora energética que supongan.

Los propietarios podrán deducirse un 20% de las cantidades invertidas en la obras rehabilitación en caso de obras que mejoren la eficiencia energética y reduzcan, al menos, un 7% de demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda (asimilable a una sustitución de ventanas por una de altas prestaciones). Esta ventaja, que expiraba el 31 de diciembre de este año, ha sido ampliada hasta el 31 de diciembre de 2023.

La deducción será del 40% si la mejora o rehabilitación reduce un 30% del consumo de energía primaria no renovable, acreditable en ambos casos a través del certificado de eficiencia energética (‘A’ o ‘B’). Como en el caso anterior, la medida se extenderá durante todo 2023.

Del máximo deducible, el 60%, podrán beneficiarse quienes acometan obras en edificios de uso predominantemente residencial que supongan una reducción del consumo de energía primaria no renovable como mínimo del 30%, o mejoren la calificación energética del edificio para conseguir un certificado ‘A’ o ‘B’. En este caso, la medida también se extiende un año pero hasta el 31 de diciembre de 2024.

La medida está financiada con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) aprobado por la Unión Europa y forma parte de la inversión C02.I01del PRTR, ‘Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales’, dotado con 3.420 millones de euros, de los que 450 millones se destinarán inicialmente para financiar los incentivos fiscales.

Para entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un contribuyente, la Inspección de Hacienda necesita el consentimiento del contribuyente, o de su representante legal. Y, caso de no obtenerlo, será preciso obtener una orden judicial que autorice la entrada. No en vano, está en juego el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Hasta ahora, el consentimiento del contribuyente debía quedar claro en el expediente, sin mácula alguna que pudiera enturbiarlo. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha flexibilizado esta exigencia, amparando que la Inspección de Hacienda pueda irrumpir más fácilmente en el domicilio de contribuyentes poco informados.

QUÉ NECESITA HACIENDA PARA ENTRAR EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE

A la hora de entrar en el domicilio protegido del contribuyente, Hacienda necesita la “llave” que le permita tal acceso. Y dicha “llave” no es otra que el consentimiento del contribuyente. De este modo, si el contribuyente permite que la Inspección entre en su domicilio, ésta podrá acceder al mismo, no pudiendo reputarse que la entrada es ilegal ni contraria a Derecho.

A falta de dicho consentimiento, la Inspección necesitará autorización judicial para acceder al domicilio del contribuyente. Una vez obtenida dicha autorización, la Inspección podrá acceder al domicilio.

Sin embargo, existen supuestos en los que el contribuyente permite a la Inspección entrar en su domicilio, pero existen dudas sobre si el consentimiento prestado pudo estar viciado. Ello ocurre, principalmente, por falta de información, al no advertir la Inspección al contribuyente del derecho que tiene a negar la entrada en su domicilio.

Por ello, conviene saber cómo debe prestarse el consentimiento a la entrada de la Inspección en el domicilio. Y en qué casos la entrada es ilegal, a pesar de que aparentemente el contribuyente haya accedido a la misma.

¿CÓMO TIENE QUE PRESTARSE EL CONSENTIMIENTO A LA ENTRADA EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE?

El Tribunal Supremo, en múltiples sentencias, se ha referido a la forma en que debe prestarse el consentimiento para que la Inspección de Hacienda acceda al domicilio del contribuyente.

Así, en varias sentencias fechadas el 23-4-2010, el Alto Tribunal declaró que “el consentimiento debe estar absolutamente desprovisto de la mácula que enturbie el exacto conocimiento de lo que se hace y la libérrima voluntad de hacerlo, debiendo estar también exento de todo elemento susceptible de provocar o constituir error, violencia, intimidación o engaño, porque el interesado debe estar enterado de que puede negarse a autorizar la entrada y registro que se le requiere (sentencias, entre otras, de 1 de abril de 1996, 4 de marzo de 1999 y 18 de febrero de 2005).”

Además, el Tribunal Constitucional (sentencia número 22/1984, de 17 de febrero), declaró que el consentimiento del obligado tributario no siempre ha de ser expreso, de modo que debe entenderse prestado cuando, una vez ofrecida la información del derecho a negar la entrada, no realiza ningún acto del que se desprenda la oposición.

En definitiva, la doctrina judicial del Tribunal Supremo exige “un consentimiento prestado con libertad, sin sombra de intimidación ni mediante la creación de situaciones que puedan inducir a error, y con información sobre el alcance de dicho consentimiento, lo que supone permitir el acceso o denegar la entrada a la inspección tributaria.”

EL CASO RESUELTO POR EL TRIBUNAL SUPREMO

En el caso planteado ante el Tribunal Supremo, el contribuyente autorizó la entrada de la Inspección en su domicilio. Con carácter previo, ésta le entrego un anexo informativo explicativo de los derechos y obligaciones del contribuyente, en el que se indicaba que resultaba de aplicación “lo dispuesto en los artículos 113 y 142 de la LGT , en relación con los lugares a los que tiene acceso la inspección». Además, se le informaba de que “cuando sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, deberá obtenerse su consentimiento o la oportuna autorización judicial (art. 113 y 142 LGT)”.

La clave es, por tanto, si la simple entrega de este anexo informativo, sin que conste la aclaración expresa al contribuyente de su derecho a negar la entrada en el domicilio, es suficiente. Y, por tanto, si en estos casos puede considerarse que el consentimiento del contribuyente para la entrada de la Inspección fue válidamente prestado.

EL TRIBUNAL SUPREMO REBAJA LAS CONDICIONES DEL CONSENTIMIENTO PRESTADO POR LOS CONTRIBUYENTES PARA LA ENTRADA EN EL DOMICILIO

Pues bien, el Tribunal Supremo, en reciente sentencia de 3-10-2022 (recurso 1566/2021), ha declarado que “Si expresamente se indica, como sucede en dicho anexo informativo en los términos que antes transcribimos, que únicamente puede entrarse en el domicilio, a falta de autorización judicial, mediante el consentimiento del obligado tributario, resulta palmario, por tanto, que si no se presta ese consentimiento la inspección tributaria no puede entrar, de modo que la mera oposición o incluso la pasividad impiden la entrada, pues el consentimiento para no adolecer de invalidez ha de ser expreso, libre, e informado.”

La posibilidad de negar el acceso al domicilio resulta del anexo informativo

Por tanto, el Tribunal Supremo no ve problema en el hecho de que la Inspección no advierta expresamente al contribuyente de su derecho a negar la entrada al domicilio. Ello, considerando que dicha posibilidad resulta clara “sensu contrario”, de la advertencia incluida en el anexo informativo sobre la necesidad de consentir la entrada para que la Inspección pueda acceder al domicilio.

Estamos, en nuestra opinión, ante cuestiones distintas. Y es que, está muy bien que en el anexo informativo se indique al contribuyente que debe consentir la entrada en su domicilio, para que ésta se produzca.

Sin embargo, para que el consentimiento prestado sea realmente libre, debería advertírsele también de su derecho a negar la entrada. Y asegurarle, además, que de dicha negativa no se seguirá ningún perjuicio para él. Solo así puede tenerse la certeza de que el contribuyente autoriza la entrada de la Inspección de forma libre, una vez sabe que podría negarse, y que por ello no recibiría sanción ni represalia alguna.

La relevancia de contar con un buen asesoramiento, a la hora de consentir la entrada

El Supremo plantea también la incidencia que, el hecho de contar con un buen asesoramiento, tiene a la hora de decidir si el consentimiento se ha prestado válidamente. Y en este punto, las contradicciones son a nuestro juicio evidentes.

Así, en la sentencia que comentamos, el Supremo niega “relevancia, en los términos que se señalan en la instancia, y recoge la sentencia impugnada, a que los asesores jurídicos presentes no fueran especialistas en Derecho Tributario”.

Por tanto, la sentencia que hoy comentamos considera procedente el consentimiento emitido a partir de un anexo informativo expedido por la Inspección, a pesar de que el contribuyente no contara con un asesoramiento especializado en materia tributaria.

Sin embargo, en sentencias de 13-7-2013 (recursos 2273/2012 y 2796/2012), a las que el propio Tribunal se remite, el Tribunal puso el énfasis, precisamente, en el hecho de que el contribuyente contó con asesores fiscales conocedores de la materia tributaria, a la hora de consentir la entrada. Ello, declarando que “Y aun cuando en hipótesis se admitiera alguna falta en relación con los requisitos para la eficacia procesal de su autorización por no haber sido el Administrador expresamente enterado de que podía negarla, tampoco cabría privar validez a su consentimiento toda vez que, en todo momento, estuvo acompañado por dos asesores fiscales que, debe presuponerse, intervinieron en defensa de los derechos de la mercantil objeto de inspección tributaria y que se constituyen en garantía, aún mayor si cabe, de que el Administrador contó con toda la información relevante y necesaria para tomar libremente su decisión.>”

Los contribuyentes que no estén bien asesorados, “vendidos” ante la Inspección de Hacienda

En definitiva, ya se ve que el hecho de que los asesores que acompañaron al contribuyente no tengan conocimientos más o menos especializados en materia tributaria, no es importante para la Inspección. Y ello, porque lo que cuenta es haber entregado al contribuyente la hoja informativa, independientemente de la interpretación que de la misma pueda extraer.

Por tanto, a partir de ahora, resultará imprescindible que el contribuyente cuente con un buen asesoramiento, que sea capaz de advertirle de su derecho a negar la entrada de la Inspección en su domicilio, y de que de ello no se resultarán consecuencias negativas, ni será sancionado.

En consecuencia, los contribuyentes que no cuenten con tal asesoramiento especializado quedan más expuestos que nunca ante la Inspección. Y es que ésta podrá aprovecharse de su desconocimiento y falta de información, para irrumpir en su domicilio entregándole un simple anexo de derechos y obligaciones, y sin necesidad de advertirles expresamente del derecho que tenían a no dejar entrar a la Inspección.

CONCLUSIÓN

En definitiva, paso atrás del Tribunal Supremo en la defensa de los derechos y garantías que los contribuyentes ostentan frente a las actuaciones inspectoras. Y es que esta sentencia rebaja los requisitos del consentimiento que debe prestar el contribuyente.

A partir de ahora, será por tanto más fácil para la Inspección entrar en el domicilio de los contribuyentes, especialmente, cuando estos no estén bien asesorados, y nadie les haya advertido de que no pasa nada por negar la entrada de Inspección a su domicilio, y que de ello no le resultarán consecuencias negativas.

La Ley 18/2022 de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, ofrece la posibilidad –entre otras- de constituir sociedades limitadas con un capital social mínimo de 1 € y se reforma la normativa al objeto de impulsar la constitución de estas mercantiles telemáticamente, agilizando mucho el trámite a través del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas).

El pasado día 19 de Octubre,  entró en vigor la Ley 18/2022 de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (Ley Crea y Crece), que modifica el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital o LSC, se ofrece la posibilidad –entre otras- de constituir  sociedades limitadas con un 1 euro de capital social mínimo y se reforma la normativa al objeto de impulsar la constitución de estas mercantiles telemáticamente, agilizando mucho el trámite a través del CIRCE.

Se establecen diversas medidas societarias, al objeto de facilitar la creación de nuevas empresas, una de las más sustanciales es la reducción del capital mínimo exigido que pasa a ser de 1,00 EURO. Anteriormente el art. 4 de la LSC lo tenía establecido en 3.000,00 EUROS.

La Ley, al objeto de proteger a los acreedores, exige los siguientes requisitos para las sociedades limitadas cuyo capital social sea inferior a los 3.000,00 Euros:

a).- Obligatoriamente debe destinarse cada ejercicio a Reserva Legal un mínimo del 20% de los beneficios, hasta que dicha Reserva junto con el capital social lleguen conjuntamente a la cifra de 3.000,00 Euros.

b).- En el caso de que la Sociedad tuviera que liquidarse por la causa que fuere, los socios, solidariamente se obligan -y en el caso de que la sociedad no pudiera afrontar las deudas sociales- a aportar la diferencia entre los susodichos 3.000 euros y la cifra del capital suscrito más la Reserva Legal acumulada.

Asimismo, la nueva Ley  suprime el artículo 4 bis de la LSC, relativa a las sociedades en régimen de formación sucesiva.

También se fomenta la creación de empresas a través del CIRCE y del Documento Único Electrónico (DUE). Se establece la obligatoriedad de los notarios de participar como intermediarios en la creación de las sociedades de responsabilidad limitada y de informar a los fundadores de las ventajas de emplear los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y del CIRCE.
También se les obliga a estar disponibles en la Agenda Electrónica Notarial y de estar en disposición de constituir  sociedades a través de CIRCE.

Finalmente, cabe resaltar la derogación de la normativa establecida en el  Título XII y las disposiciones adicionales cuarta, quinta y sexta de la Ley de Sociedades de Capital, relativas  a la sociedad nueva empresa, que en realidad nunca terminó de cuajar.

A efectos de determinar si una empresa se encuentra en causa de disolución por pérdidas al haber quedado reducido su Neto patrimonial por debajo del 50% del capital social, y hasta el final del 2024, pueden excluirse las pérdidas producidas en los ejercicios 2020 y 2021.

Con el fin de amortiguar los efectos de las crisis generadas por el COVID-19 y la guerra de Ucrania, el Gobierno aprobó entre otras, la medida de no computar las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 a efectos de determinar si una empresa se encuentra en causa de disolución (es decir, cuando las pérdidas dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social). Pues bien, dicha medida, conocida como moratoria contable, se prorroga por tres años a fin de que las empresas tengan más tiempo para reequilibrar sus balances. Vea cómo funciona.

Conforme a lo estipulado en el Artículo 65 del Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciembre, si el resultado de las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y/o 2021 arrojó pérdidas, éstas no se tendrán en cuenta a la hora de calcular el patrimonio neto de la sociedad durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Ahora bien, si aun excluyendo dichas pérdidas del cálculo, el Neto Patrimonial resultante en cada uno de dichos ejercicios, arrojara pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, sí existirá esta causa legal de disolución y se deberá actuar en consecuencia, optando por una de estas alternativas:

• A).- Aumentar el capital social hasta que el mismo sea superior al 50% del Neto patrimonial.
• B).- Efectuar una reducción de capital por pérdidas (absorbiendo las mismas y proceder si procede a una ampliación de capital hasta que éste último sea igual o superior al 50% del Neto patrimonial.
• Instar la disolución de la sociedad.

El patrimonio neto consta de la cifra del capital, todas las reservas, las posibles subvenciones, donaciones o legados otorgados a la sociedad, adicionando además las posibles aportaciones de los socios documentadas como préstamos participativos. El total de esta suma es la cifra que se debe utilizar para este cálculo. A dicho importe deberán restarse las pérdidas que consten en el balance (excluyendo las de 2020 y 2021) y, si el resultado es igual o superior a la mitad de la cifra del capital social, se habrá evitado la causa de disolución. Es recomendable hacer constar en la memoria de las cuentas anuales que la empresa se ha acogido a estas medidas, haciendo mención del artículo 65 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, sobre moratoria contable. Y, para mayor transparencia y control, en el balance también conviene diferenciar las pérdidas de los distintos años indicando la normativa que respalda su contabilización (Ley 03/2020 o, en su caso, RDL 20/2022).

El Gobierno adapta el marco aplicable a las especificidades de las startups, en el ámbito administrativo, fiscal, civil y mercantil, con el fin de apoyarlas a lo largo de su ciclo de vida, en particular, en sus primeras etapas.

La entrada en vigor de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (conocida como “Ley Crea y Crece”) y la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (conocida como la “Ley de Startups”), pretende adaptar nuestro ordenamiento jurídico en materia de creación de negocios a los requisitos de simplificación de procedimientos y fomento institucional del emprendimiento e inversión que se exigen tanto a nivel internacional, como nacionalmente por los sectores más afectados.

 La Ley 28/2022, ha entrado en vigor el 23 de diciembre; si bien las principales novedades fiscales y administrativas serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.

Con esta nueva ley, el Gobierno adapta el marco aplicable a las especificidades de las startups,  con el fin de apoyarlas a lo largo de su ciclo de vida, y en particular en sus primeras etapas. Para ello, impulsa la creación y crecimiento de las empresas emergentes innovadoras de base digital y alto crecimiento y refuerza las medidas para atraer talento e inversores internacionales, respondiendo a la singularidad de este tipo de empresas y a las principales demandas del sector.

Conjuntamente con la Ley Crea y Crece y en el mismo contexto, se promulga la Ley de Startups, consistente en una multitud de adaptaciones y novedades normativas del actual ordenamiento jurídico para adecuarlo a las características específicas de estas empresas, de sus fundadores y de los nómadas digitales que desean establecerse en España.

En particular y como carácter introductorio, esta Ley define y establece los requisitos para considerar una empresa como emergente (o startup), requiriendo, entre otros:

– tener menos de 5 años o 7 si es una empresa de biotecnología, energía, industriales o de otros sectores estratégicos;

– no provenir de fusiones, escisiones o transformaciones de empresas no emergentes;

– albergar una sede social, domicilio social o establecimiento permanente en España;

– disponer del 60% de su plantilla con contrato laboral en España. En las cooperativas se computarán dentro de la plantilla, a los solos efectos del citado porcentaje, los socios trabajadores y los socios de trabajo, cuya relación sea de naturaleza societaria;

– ser un proyecto de emprendimiento innovador con modelo de negocio escalable

– no distribuir dividendos o retornos en el caso de cooperativas y

– no cotizar en mercados secundarios

y que su modelo de negocio tenga un especial carácter innovador y escalable. El carácter de empresa emergente deberá ser inscrito en el Registro Mercantil para que se apliquen los beneficios.

Pérdida de la condición de Empresa Emergente

Una empresa dejará de ser reconocida como startup cuando vulnere los límites antes mencionados (por llevar más de 5 años en activo o por empezar a distribuir dividendos, por ejemplo) o si:

– es adquirida por otra empresa no-startup;

– se extingue prematuramente;

– lleva a cabo una actividad que genere «un daño significativo al medio ambiente»;

– supera el valor de diez millones de euros en el volumen de negocio anual;- sus administradores o socios (con una participación del 5%, como mínimo, del capital social) son condenados por algún delito

Durante los tres primeros años “de vida” las startups podrán perder hasta la mitad de su patrimonio sin tener que disolver la sociedad siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. (art. 13 L28/22)

Empresas con carácter Innovador

Los emprendedores que quieran acogerse a los beneficios y especialidades previstos deberán solicitar a ENISA, Empresa Nacional de Innovación SME S.A., que evalúe todas las características, además del carácter innovador de su modelo de negocio. La innovación propuesta podrá ser de  producto o de negocio.

El procedimiento de evaluación se efectuará en un plazo no superior a tres meses y se contempla silencio administrativo positivo en el reconocimiento de la misma.

La innovación requerida debe ser capaz de “resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o mejorados”.
ENISA, o en su caso, el organismo público vinculado o dependiente de la Administración General del Estado en el que delegue el Gobierno esta función, podrá denegar la acreditación cuando el modelo de negocio presente dudas razonables de potenciales riesgos reputacionales, regulatorios, éticos o especulativos.

Beneficios fiscales

Tributación a un tipo del 15% en Sociedades 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Ley de startups (para las sociedades cuyo ejercicio coincide con el año natural será a partir del 1 de enero de 2023), se establece: o Un tipo impositivo del 15% (en lugar del 25% general) aplicable al primer período impositivo en que tengan base imponible positiva y en los tres siguientes, siempre que mantengan la condición de empresa emergente.

.Además, si mantienen la consideración de empresa emergente en los periodos siguientes, se les dispensará de realizar pago fraccionado a cuenta del impuesto de los dos períodos impositivos posteriores de los antes indicados en los que la base imponible fue positiva.

Aplazamiento de deudas tributarias.

La ley recoge que se podrá solicitar un aplazamiento sin garantías de la tributación en concepto de impuesto sobre sociedades en los dos primeros períodos impositivos en los que la base imponible sea positiva (12 meses para el primer período y 6 para el segundo), cumpliendo determinados requisitos.

Para disfrutar de este beneficio, será necesario que el solicitante se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en la fecha en que se efectúe la solicitud de aplazamiento y, además, que la autoliquidación se presente dentro del plazo establecido.

La ley de Startups también contempla que la Agencia Tributaria pueda comprobar si las empresas cumplen o si mantienen los requisitos que se necesitan para poder beneficiarse e incentivos fiscales.

Menos impuestos para los inversores

La iniciativa incrementa tanto la base máxima de deducción por invertir en estas empresas emergentes (de los 60.000 a los 100.000 euros al año) como el tipo de deducción (del 30% al 50%).

Asimismo, se eleva, con carácter general, de tres a cinco años el plazo para suscribir las acciones o participaciones, a contar desde la constitución de la entidad, y hasta siete para determinadas categorías de empresas emergentes. Además, para los socios fundadores se permite la aplicación de esta deducción con independencia de su porcentaje de participación en el capital social de la entidad.

Stock options 

Las stock options son un mecanismo que posibilita incluir dentro de la remuneración de un empleado «opciones para adquirir acciones de la firma durante un periodo de tiempo» y «habitualmente a un precio inferior a mercado»

En un negocio que arranca, poder remunerar parte del sueldo mediante acciones de la propia empresa hace que el negocio gane liquidez y que el trabajador tenga un incentivo poderoso para aumentar su implicación en el proyecto. Pero si eso se traslada al IRPF del empleado y al final tiene que tributar con dinero algo que todavía no lo es puede no resultar atractivo. Hasta ahora existía una exención de 12.000 euros anuales, y con esta ley esa exención será de 50.000 euros. Además, a partir de ahora, solo se va a tributar cuando las vendan y no cada año que las conserven bajo su titularidad.

Nómadas digitales

Se trata de personas cuyos empleos les permiten trabajar en remoto y cambiar de residencia habitualmente. Con la irrupción de este nuevo protagonista se regula la posibilidad de que puedan residir y trabajar en España durante cinco años.

Así es, la Ley lo dice textualmente:

Aquellos extranjeros que soliciten entrar en España o que siendo titulares de una autorización de estancia o residencia o visado pretendan iniciar, desarrollar o dirigir una actividad económica como emprendedor, sean provistos de una autorización de residencia para actividad empresarial, que tendrá validez en todo el territorio nacional y una vigencia de 3 años. Una vez cumplido dicho plazo, podrán solicitar la renovación de la autorización de residencia por dos años, pudiendo obtener la residencia permanente a los cinco años.

Además, se crea para ellos un régimen tributario especial en el Impuesto sobre la Renta de no residentes, pues se pasa de diez a cinco años el requisito de no residencia previa en nuestro país.
Igualmente, se instaura un nuevo tipo de ‘visado para el teletrabajo’ que permite a los teletrabajadores extranjeros entrar y vivir en nuestro país durante un máximo de un año. (DF Quinta 9 L28/22)

Los inversores y ‘freelance’ extranjeros que trabajen para startups españolas podrán acogerse al régimen de impatriados (siempre que el 40% de su facturación sea para estas empresas, tributarán el IRPF al 24%).

Además, para fomentar la inversión en startups se permite que las personas físicas sin nacionalidad española y sin residencia en territorio nacional, puedan solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria un número de identificación fiscal sin estar obligadas, a estos efectos, a obtener un número de identidad de extranjero. (art. 9.1 L28/22)

Beneficios laborales

Se elimina la obligación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante tres años, siempre que el emprendedor que ponga en marcha una startup ya esté a su vez contratado como asalariado por otra empresa. Es decir, que se encuentre en Régimen de Pluriactividad (cotizando en el RETA y en el Régimen General)

Por otro lado:

– Se equipara el acceso a los beneficios por profesional altamente cualificado para personas con estudios de formación profesional. (DF Quinta 5 L28/22)

– Se eliminan los requisitos a las empresas para contar con estos trabajadores.

– Se amplía un año más, hasta un total de dos, el permiso previsto para que estudiantes extranjeros de educación superior puedan encontrar empleo o iniciar un proyecto empresarial una vez concluyan sus estudios. (DF Cuarta L28/22)

Emprendimiento en serie

Se accede a que un autónomo que ha iniciado un proyecto y le haya ido mal, pueda volver a intentarlo ilimitadamente beneficiándose de las mismas ventajas.

Apostar por esta política continuada es importante porque a más proyectos emprendidos, mayor aprendizaje y, por tanto, mayor probabilidad de éxito: mientras que la primera vez la posibilidad de fracasar supera el 50%, este porcentaje se va reduciendo en las siguientes ocasiones, hasta hacerlo de forma exponencial a partir del cuarto proyecto, en el que la posibilidad de fracaso no llega al 8%.

Carried interest 

La traducción literal de ‘carried interest’ en español es interés devengado, aunque en el mundo de la inversión se le conoce como participación en beneficios.

Las startups suelen empezar con un capital inicial reducido, y de aquí la importancia de inversores externos, ya que sin ellos la empresa no podría crecer. Así entran en juego los business angels y las entidades de Venture Capital.

El carried interest es una parte de las ganancias de un fondo privado o capital privado, que compensa una gestión bien realizada, ahora bien, el fondo debe rendir al nivel designado o por encima de lo esperado. Si no es el caso el carried interest se ve afectado.

Pues bien, hasta ahora, en España, estas cantidades tributaban como rendimientos del trabajo (sueldo) en lugar de como rendimiento del capital (dividendos) Esto hacía que la fiscalidad pudiera ser el doble en algunos casos. Con esta nueva ley seguirán siendo rendimientos del trabajo, pero exentos al 50%.

Nuevo Informe de transparencia fiscal.

La iniciativa obligará a toda empresa dominante de un grupo que supere los 750 millones de euros en ingresos anuales en cada uno de los últimos dos ejercicios a detallar, con información separada por cada Estado miembro en el que desarrolle su actividad, el importe de beneficios o de pérdidas antes de impuestos, o el importe de las reservas al final de cada ejercicio.• ¿Cuándo? Este informe de transparencia empezará a aplicarse en los ejercicios económicos que se inicien a partir del 22 de junio de 2024.

– ¿Dónde se publicará? Dicho documento deberá publicarse en el plazo de seis meses a partir de la fecha de cierre del ejercicio y depositarse en el Registro Mercantil, junto con los documentos que integren las cuentas anuales. Además, las empresas tendrán que hacerlo público en su página web en un plazo máximo de seis meses y su acceso deberá ser gratuito durante cinco años consecutivos como mínimo.

Emprendimiento rural

Se potencia el emprendimiento rural, poniendo en marcha proyectos piloto en entornos rurales y alineando las iniciativas previstas en la Ley con el Territorio Rural Inteligente, un proyecto que prevé la incorporación de las nuevas tecnologías en ámbitos como la agricultura, la ganadería, el urbanismo o el medioambiente de los pueblos.

Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. (DA Séptima L28/22)

La nueva regulación contempla la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, como organismo público con personalidad jurídica pública, patrimonio propio, plena capacidad de obrar y potestades administrativa, inspectora y sancionadora.

Desarrollos legislativos futuros

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, esto es, antes del 24 de marzo de 2023:

– El Gobierno aprobará por Real Dcreto diferentes modelos de estatutos tipo, que se incorporarán a las escrituras públicas de constitución, adaptados ambos a las necesidades de las empresas emergentes.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, esto es, antes del 24 de junio de 2023:

– El Consejo de Ministros aprobará un real decreto que regule el funcionamiento del Foro Nacional de Empresas Emergentes.

A través de la sentencia n.º 24/2023, de 12 de enero, el Tribunal Supremo,  fija como criterio que los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al realizar una devolución de ingresos indebidos están sujetos y no exentos del IRPF.

El Tribunal Supremo fija doctrina, cambiando su criterio en el sentido de que los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al realizar una devolución de ingresos indebidos están sujetos y no exentos del IRPF, constituyendo una ganancia patrimonial que constituye renta general, según lo previsto en el artículo 46.b) de la LEY del IRPF interpretado a sensu contrario. 

La sentencia cuenta con dos votos particulares, que discrepan de la tesis mayoritaria del Tribunal, desarrollada en la sentencia. 

Con carácter previo la Sala entendía que los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al realizar una devolución de ingresos indebidos no estaban sujetos al IRPF.

Por lo que a partir de dicha sentencia, los intereses abonados por la Agencia Tributaria al realizar una devolución de ingresos indebidos, tributarán por IRPF.